AFP.
Exguerrilleros de las Farc comenzaron a responder por el reclutamiento de miles
de niños y adolescentes en sus filas, como parte del acuerdo de paz que terminó
con más de medio siglo de conflicto en Colombia.
Pablo
Catatumbo, senador y excomandante de la que fuera la guerrilla más poderosa de
América, encabezó la primera audiencia de juzgamiento sobre este tema en el
marco del sistema especial pactado para reparar a las víctimas.
La
Justicia Especial para la Paz (JEP) citó a 15 responsables de las ya disueltas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dentro del caso 07, sobre
reclutamiento forzado de menores de edad y hechos relacionados como la
violencia sexual.
Catatumbo
y otros tres dirigentes darán su versión ante el tribunal de paz de manera
“reservada” y “presencial”, indicó un responsable de la JEP. Las demás
audiencias serán “virtuales” por efectos de la pandemia del nuevo coronavirus,
añadió.
“En
respeto a la verdad, a las víctimas y de cara al país (…) asistiremos con toda
tranquilidad a contar la verdad sobre este caso tan doloroso como es la
participación de menores en el conflicto interno armado”, dijo Catatumbo en un
video publicado en sus redes sociales.
El
ahora senador del partido de izquierda Farc es uno de los ocho exguerrilleros
que ocupan escaños en el parlamento como parte de lo acordado en el pacto
suscrito en 2016 con el gobierno del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.
MILES
DE VÍCTIMAS
En
el curso del conflicto colombiano, las FARC y otras guerrillas, al igual que
los paramilitares de extrema derecha, formaron poderosos ejércitos a partir del
reclutamiento voluntario o forzoso de combatientes campesinos, en un alto
número menores de 18 años.
La
JEP ha recibido informes preliminares que dan cuenta de unos 8.000 casos, en
coincidencia con el registro oficial de la Unidad para las Víctimas que ha
documentado 8.624 víctimas, entre niños y adolescentes, de esta práctica de
guerra.
Sus
máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las
víctimas de su fallida lucha por el poder, a cambio de recibir castigo
alternativo a la cárcel y poder ejercer la política.
Quienes
no cumplan con esos compromisos, serán expulsados de la JEP y responderán bajo
jurisdicción de la justicia ordinaria.
Hasta
la fecha se cuentan poco más de nueve millones de víctimas en seis décadas de
lucha interna, en su mayoría desplazados, además de muertos y desaparecidos.
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