Un
juzgado de Barranquilla, acaba de completar cinco audiencias en las que se
legalizaron varias capturas y se pidieron medidas de aseguramiento para tres
miembros de una misma familia de la Costa por un presunto fraude al fisco que
bordea los 157.000 millones de pesos.
Incluso,
se le pidió a la Interpol que ubique de inmediato en Europa (al parecer, en
España) a un cuarto miembro de la misma familia. Los delitos que se les
imputaron son fraude aduanero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos
agravado y concierto para delinquir con fines de contrabando.
La
Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Fiscalía General y la Dian creen tener
evidencia suficiente para demostrar que lideran una red que defraudó al Estado
a través de importaciones irregulares de celulares de alta gama y sus partes y
accesorios.
Además
del monto, el caso cobra relevancia porque los procesados hacen parte de una
familia de la Costa que suele aparecer en las páginas sociales del llamado
jet-set Barranquillero.
En
efecto, una de las procesadas es Maritza Ruiz de Vargas, conocida docente de
una universidad de esta ciudad.
Además,
Ruiz ha sido anfitriona de decenas de reuniones sociales que han tenido como
escenario su lujoso apartamento en el emblemático edificio Girasol, en el
centro de Barranquilla, con vista de 360 grados.
Según
los investigadores del caso, los lujos que se daban la dama y sus hijos
contrastaban con los montos que le declaraban a la Dian por la importación de
la mercancía. Y ese fue el punto de partida de la investigación.
La
Dian realizó una visita aduanera a las empresas y no se encontraron ni
contabilidad ni balances al día.
Según
reveló el diario El Tiempo, que tuvo acceso exclusivo al expediente, la red ha
ingresado móviles de alta gama y accesorios por diferentes aeropuertos, con el
fin de lavar activos bajo la modalidad de la subfacturación.
La
defensa de los implicados se opuso a la legalización del material encontrado en
los registros a apartamentos.
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