Por: Felix Lopesierra Mejia
Desde tiempos inmemoriales, La
Guajira ha luchado contra la escasez de agua, un desafío exacerbado por la
corrupción y la ineficacia de sus líderes políticos. A pesar de los planes
departamentales implementados desde 2007 para mejorar el acceso al agua, la
realidad es que muchos de estos proyectos han fracasado, dejando a la población
en condiciones precarias. La corrupción se ha infiltrado en la función pública,
donde los funcionarios se enriquecen a expensas del bienestar de la comunidad,
desviando recursos destinados a resolver problemas críticos como la falta de
agua potable y la desnutrición infantil.
La ética y la moral en la función
pública se han convertido en conceptos vacíos, con un sistema que normaliza la
corrupción. Los recursos públicos, en lugar de ser utilizados para el
desarrollo social, se desvanecen en contratos amañados y proyectos fantasmas.
La ciudadanía, cansada de esta situación, ha comenzado a exigir un cambio,
reconociendo que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para
el desarrollo.
La explotación de recursos
naturales, especialmente por parte de empresas mineras como El Cerrejón, ha
exacerbado la crisis del agua en La Guajira. La minería no solo ha contaminado
las fuentes de agua, sino que también ha llevado a la privatización de este
recurso vital, afectando gravemente a las comunidades indígenas y
afrodescendientes. A pesar de las enormes ganancias generadas por la minería,
la población sigue enfrentando altos niveles de pobreza y desnutrición.
La politiquería, lamentablemente,
también juega un papel crucial en la agudización de la crisis del agua. Los
intereses políticos a menudo se anteponen a las necesidades reales de la
población, resultando en la asignación de recursos a proyectos ineficaces o en
la manipulación de programas para obtener réditos electorales. Esta práctica
perpetúa el ciclo de corrupción y abandono, impidiendo que se encuentren
soluciones sostenibles y equitativas para el problema del agua en La Guajira.
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