La casta Epieyú en La Guajira significa “los nativos de su propio hogar”
y el animal que los identifica es un ave con el pico rojo. Esa familia es
protagonista en la historia del departamento que quizás más ha padecido el
abandono estatal y la corrupción.
Como en la mayoría de las castas, los Epieyú
se dividen en “estratos” sociales. Martha Peralta Epieyú,
una abogada de 36 años, no creció en el privilegio de su comunidad, el
corregimiento Monguí. Todo lo contrario. Es hija de un afrodescendiente por
parte de papá y de una mujer wayú humilde que hacía distintas labores en una
ranchería. Es considerada “mestiza”, vista con recelo por algunos por no tener
“sangre pura” de los Epieyú. Aún así, tras abrirse paso en los movimientos
sociales, hoy es la política más poderosa del departamento y su segundo
apellido nunca había tenido tanta visibilidad al convertirse en la primera
senadora de esa comunidad.
En contexto: UNGRD: los giros por 1,2 billones
que salpican a congresista del Pacto Histórico
Peralta Epieyú es, sin duda, la mujer indígena que más lejos ha llegado
en la política colombiana, pero también la más cuestionada. Su nombre ya no
solo se asocia a ser “nativa de su propio hogar” ni al ave de pico rojo sino
también a una maquinaria política con presencia nacional, a entrega de avales
cuestionados del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y a contratos
de aliados y familiares que han aumentado sus ingresos desde que Gustavo Petro
llegó al poder.
La joven abogada ocupó el sexto renglón de
la lista “cremallera” –hombre y mujer intercalados– que presentó la coalición
del Pacto Histórico en 2022. Rápidamente, se convirtió en una de sus figuras
más reconocidas, a la que casi siempre se le ve vestida con sus mantas de
colores, conocidas como “wayuushein”, que llegan hasta los pies y un sombrero
“uwomü”. Peralta fue coordinadora ponente de la reforma pensional, un proyecto
del corazón del Gobierno y también presidió la Comisión Séptima del Senado, en
donde se discutió y hundió la reforma a la salud a principios de 2024.
A finales de noviembre del año pasado, el
MAIS, partido que dirige, anunció que será su candidata presidencial para
competir en las elecciones del 2026. Ese movimiento rechazó la fusión con el
Pacto Histórico, pero facilitó la escisión de congresistas avalados por ellos
como María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez. También habían sido
avalados los excongresistas Gustavo Bolívar, hoy director del Departamento de
Prosperidad Social (DPS) y César Pachón, el líder campesino que perdió su curul
por doble militancia y hace poco fue nombrado como director de la Agencia de
Desarrollo Rural.
Ser la presidenta del MAIS desde 2017, de
hecho, ha sido uno de los factores determinantes del poder de Peralta porque
desde antes de llegar al Senado ya recorría el país entregando avales, algunos
cuestionados, empezando por los de su tierra. “No importaba qué ideología fuera
uno como candidato ni tocaba ser indígena, pero el MAIS servía para aparecer en
el tarjetón sin recoger firmas”, le dijo a este diario un excandidato a un
municipio que prefiere no revelar su identidad.
La UNGRD y Peralta
Precisamente, el escándalo de corrupción más grande de este Gobierno, el
de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que empezó en La Guajira,
tiene un capítulo aún por conocerse del todo que salpica a la congresista
indígena. Varios de sus candidatos avalados en la región que resultaron
elegidos, están relacionados con proyectos y contratos cuestionados como las
ollas comunitarias y los jagüeyes –depresiones sobre el terreno, que permiten
almacenar agua–.
Es el caso de Nera Robles, alcaldesa de Albania, avalada por el partido
MAIS y apoyada por Peralta. Por lo menos $20.400 millones destinados para ollas
comunitarias de ese municipio se habrían desviado como favor político a Robles.
Los contratistas de las ollas fueron seleccionados por Luis Gómez, el gerente
para La Guajira nombrado por el Gobierno Petro, quien renunció a finales de
2023. Gómez fue mencionado por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, de ser
quien decidía supuestamente para dónde iban los carrotanques y las ollas
comunitarias en el departamento.
Sobre los jagüeyes, la misma senadora Peralta aparece en videos
agradeciendo a la UNGRD y a López: “Estamos visitando uno a uno los jagüeyes
que ha construido la Unidad para la Gestión del Riesgo en Riohacha, La Guajira
(...) las maquinarias hicieron su trabajo (...) gracias doctor Olmedo
López y gracias Gustavo Petro. Este es el Gobierno de Cambio”, dice la
congresista junto a su aliado, el exdiputado Eriberto Ibarra, quien fue
candidato a la alcaldía de Riohacha avalado por MAIS.
Pero según reveló la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde),
habría irregularidades en 16 contratos u órdenes de proveeduría para gestionar
1.626 jagüeyes en cinco municipios de La Guajira: Uribia, Maicao, Riohacha,
Manaure y Albania.
En todos esos lugares, Peralta tiene aliados políticos salpicados en
escándalos. A los presuntos sobrecostos, la aparente focalización irregular y
la falta de ejecución se suma otro hallazgo. Según la congresista, la
interventoría encargada de hacerle seguimiento a los 14 de los 16 contratos por
valor de $4.664 millones sería una organización fantasma, la empresa Intraffic
SAS.
Además, en Uribia, por ejemplo, habría intereses de aliados del
presidente Petro, como el senador conservador Carlos Andrés Trujillo, señalado
de ser padrino político del actual alcalde Jaime Ruíz Buitrago y del exalcalde
Bonifacio Henríquez, también apoyado y coavalado por Peralta.
EL COLOMBIANO reveló que en esa población de la Alta Guajira, azotada por
los estragos del invierno, hay otro contrato por $28.000 millones para
“realizar la intervención correctiva mediante la construcción de obras de cauce
y obras para el control de inundaciones y erosión en el Arroyo Chemerain”. Al
lanzamiento de la obra, que más de un año después no ha avanzado, asistieron Olmedo
López y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla.
Además, la senadora Peralta habría visitado las oficinas del exdirector
López el 19 y 21 de septiembre de 2023. Las reuniones cobran relevancia porque
en menos de un mes, la UNGRD contrató a Carmen Domitila Iguarán Suárez. Se
trata de una funcionaria aliada de Peralta, según fotografías y documentos
revelados por el periodista Yohir Akerman en la revista Cambio.
Según fuentes de la entidad, Peralta le habría pedido a López contratar a
Iguarán en ese rol. De hecho, la funcionaria fue mencionada por el
exsubdirector Sneyder Pinilla en la matriz de colaboración en la Fiscalía.
Iguarán tenía a su cargo un contrato para realizar “actividades
administrativas, de planeación estratégica y consolidación de información”,
cuya ejecución coincidiría con las fechas en las que se habrían gestado los
escándalos de los carrotanques y los jagüeyes inexistentes en La Guajira.
La empresa del concuñado
Pero hay más. EL COLOMBIANO investigó y encontró que la empresa MC&I
Americas SAS, cuyo representante legal es Carlos Enrique Herazo de la Barrera,
concuñado de Peralta, ha incrementado sus ingresos considerablemente desde el
inicio de este Gobierno con contratos en distintas entidades a nivel local y
nacional. La empresa nació en 2020, según registro mercantil, tiene sede en
Barranquilla y se dedica a la energía solar, lo que incluye paneles y otros
servicios e insumos de ingeniería.
“Ese vínculo es algo que ella no quiere que se sepa porque familiares han
dicho que por ahí la pueden joder (sic), pero esa empresa contrata a través de
consorcios, lo que dificulta su rastreo”, le dijo a este diario una fuente
enterada.
Uno de los contratos de esa empresa, en poder de este diario, fue en 2024
por más de $800 millones para construir paneles solares junto a la Alianza
Pública para el Desarrollo Integral “AlDesarrollo”, que es “una entidad
descentralizada indirecta, de naturaleza pública, sin ánimo de lucro”, dirigida
por Omar Enrique Flórez, un polémico administrador de empresas, que habría
recibido a dedo un contrato por $10.000 millones de la Cancillería y otro, a
través de una alianza llamada “Red Summa” en la que ganó un contrato
cuestionado con la Procuraduría por $9.000 millones.
Este diario intentó comunicarse con la empresa MC&I Americas SAS y su
representante Carlos Herazo, pero al cierre de esta edición no obtuvimos
respuesta.
Hospitales, cuotas
y demanda
La maquinaria política de Peralta está aceitada con cuotas de
funcionarios en alcaldías y entidades regionales y nacionales. Entre ellas, el
Ministerio de Salud, un sector que no le es ajeno pues su esposo Manuel Julián
Molina es médico y su suegro Juan Jacobo Molina, fue secretario de Salud de
Barranquilla.
De hecho, una demanda que cursa en el Consejo de Estado por pérdida de
investidura señala que su esposo constituyó la empresa Farmacia 13 de Mayo
S.A.S. en 2021 con sede en Zona Bananera (Magdalena) y que Peralta, al haber
sido ponente de la reforma a la salud, debió declararse impedida. Y es en ese
municipio en donde se ejecuta el contrato de su concuñado a través de la
empresa MC&I Americas SAS con “Aldesarrollo”.
Otro de los argumentos de la demanda, presentada por el congresista del
Centro Democrático, Gabriel Vallejo, es que supuestamente hubo financiación por
la cuestionada Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), según indicios que
reposan en el Consejo Nacional Electoral, para la campaña al Congreso de
Peralta Epieyú, con un aporte que recibió mediante un crédito por casi 61
millones de pesos. La congresista ha negado recibir financiación de Sadi y ha
dicho que la creación de esa empresa de su esposo no representa conflicto de
interés alguno.
El caso es que además de las cuotas políticas en el MinSalud, Peralta ha
sido cuestionada por su cercanía con el contratista del Hospital San Lucas en
el municipio El Molino. Según Cambio, hay embolatados más de $7.000
millones por retrasos en las obras de ese centro de salud.
Además, un congresista de la región que prefiere no revelar su identidad,
le dijo a este diario que Peralta también tiene injerencia en el Hospital San
José de Maicao, que era de dominio de otros políticos tradicionales de la
región.
“Las EPS indígenas buscaban contacto con la exministra Carolina Corcho a
través de ella y actualmente mantiene bastante cercanía con Guillermo Alfonso
Jaramillo”, dice el representante.
Pero su poder burocrático llega a más entidades. Según varias fuentes,
desde que Petro llegó al poder, Peralta mantendría cuotas en la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y en el ICBF de ese
departamento. Incluso, tiene alcance nacional en cajas de compensación en
Pasto, al otro extremo del país, y en otros departamentos del Caribe.
“Varias entidades del Estado pasaron de ser del senador Alfredo Deluque a
ella, tiene fichas en Invias, Sena e ICBF”, agrega la fuente.
Sobre la congresista indígena hubo una polémica reciente porque se
conocieron fotografías de un lujoso viaje a París con su esposo en el que usa
ropa y accesorios de marcas costosas. Más allá de la crítica por no usar su
atuendo usual, de ese episodio quedó claro que el presidente Gustavo Petro la
defiende a ultranza pues dijo en la red social X que se trataba de “un
intento de homicidio contra una senadora: le piden que use una manta
Wayúu hecha para los calores intensos de La Guajira en un gélido París de
enero. Es como si un ignorante parisino se llevara puesto su ‘manteau’ en
Maicao”.
Pero EL COLOMBIANO conoció que en
Presidencia, en el círculo cercano al presidente Petro y algunas figuras del
Pacto Histórico, no quieren del todo a Peralta por tantos cuestionamientos y
eso se ha visto reflejado en su ausencia en varios eventos recientes
organizados por el Gobierno en La Guajira.
Este diario le envió un cuestionario a la
senadora para incluir su versión en esta historia, pero una vez recibió las
preguntas, dejó de responder los mensajes.
Via EL COLOMBIANO
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