Lo que en principio parecía un desacuerdo
administrativo terminó revelando la verdadera naturaleza del gobierno de Genaro
Redondo: una mezcla de negligencia institucional, evasión deliberada de
responsabilidades y un preocupante desprecio por la legalidad. El arresto por
desacato del alcalde de Riohacha no es un hecho aislado ni una exageración
judicial, sino el resultado inevitable de una cadena de omisiones que reflejan
la ausencia de voluntad política para resolver conflictos con sensibilidad y
responsabilidad.
La razón inmediata del arresto fue el incumplimiento
reiterado de una orden judicial que exigía garantías para los ciudadanos
afectados por un proceso de desalojo en la zona rural del municipio. El juzgado
solicitó a la administración municipal la implementación de medidas para
salvaguardar los derechos fundamentales de estas familias. Pero la respuesta
del alcalde fue el silencio administrativo.
Lo más alarmante es que este desacato no es el único.
Redondo acumula al menos tres procesos más en curso por desobediencia judicial
en temas de vivienda, servicios públicos y atención a comunidades vulnerables.
Esta reincidencia revela un patrón sistemático de inacción e irrespeto a las
instituciones judiciales.
A nivel administrativo, el alcalde tuvo múltiples
caminos para prevenir esta crisis: convocar mesas de diálogo, coordinar
reubicaciones temporales o gestionar procesos de conciliación con el respaldo
de entes departamentales y nacionales. Según fuentes internas, estas opciones
fueron propuestas pero ignoradas deliberadamente. Redondo optó por dilatar el
cumplimiento legal, minimizando las consecuencias que ahora enfrenta.
Lo jurídico tampoco era un callejón sin salida. La ley
permite que las administraciones locales, en situaciones de conflicto, busquen
acuerdos mediante la conciliación y la mediación, herramientas legítimas que no
solo previenen sanciones sino que protegen a las comunidades. Sin embargo,
Redondo eligió la desobediencia.
Lejos de asumir su responsabilidad, el alcalde ha
intentado presentarse como una víctima de persecución, una narrativa
insostenible cuando se observa la cadena de decisiones evasivas. El hecho de
que, al conocer la orden de arresto, contara presuntamente con la protección de
miembros de la Policía para evitar su detención durante varios días, solo
agrava su situación. No se puede hablar de victimización cuando se burla la ley
y se protege el poder por encima del deber.
El deber de un alcalde es mediar, no escapar;
prevenir, no improvisar; liderar con legalidad, no esconderse tras el desacato.
Genaro Redondo fue elegido para gobernar, no para eludir responsabilidades ni
desacreditar la institucionalidad. Su arresto es una llamada de atención no
solo para su administración, sino para toda la clase política que aún cree que gobernar
es actuar por encima del Estado de Derecho.
Hoy, Riohacha necesita más que excusas. Necesita
respeto por sus ciudadanos, decisiones acertadas y liderazgo real. Y eso
comienza por reconocer errores, cumplir la ley y anteponer el interés común al
ego personal.
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