La
operación de Cerrejón continúa afectada, desde el pasado 8 de noviembre, por un
bloqueo ilegal en el kilómetro 4 de la línea férrea. Esta interrupción,
generada por un grupo reducido de extrabajadores, que salieron de la compañía
hace más de 20 meses en estricto cumplimiento de los requerimientos de Ley,
impide el transporte de carbón de la mina a Puerto Bolívar y el abastecimiento
de suministros esenciales para la actividad minera.
Las
personas que realizan los bloqueos están exigiendo, con vías de hecho, ser
reintegrados de manera inmediata, con salario retroactivo desde que salieron de
la empresa, o una indemnización mayor a lo establecido en la Ley y a los
beneficios extraordinarios que ofreció la empresa a la terminación de los
contratos de trabajo.
Cerrejón
está demostrando su actitud abierta al diálogo con estas personas. De hecho, ya
ha mantenido cinco espacios de conversación con representantes de los
extrabajadores, dos de ellos con presencia del Ministerio del Trabajo, en los
que ha sido imposible establecer mesas de trabajo que permitan levantar las
vías de hecho.
“Los
bloqueos ilegales impiden la operación normal de las operaciones y tienen
graves afectaciones para la empresa, los trabajadores, las comunidades, la
región y el país. Por esa razón, hacemos un llamado a las autoridades para que
se retire el bloqueo actual que afecta a miles de personas”, señala Luis
Eduardo Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de
Cerrejón.
De
prologarse esta situación, se está amenazando la estabilidad laboral de más de
11.000 personas, entre trabajadores directos y contratistas, y supone una
pérdida diaria para el Estado colombiano de más de 22.000 millones de pesos, en
concepto de impuesto sobre la renta.
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