Son ocho los exgobernadores que vienen siendo procesados
penalmente o que han sido condenados por diferentes delitos en este
departamento.
De
los ocho exgobernadores que vienen siendo procesados penalmente o que han sido
condenados por diferentes delitos, principalmente los de corrupción, solo dos de ellos podrían aferrarse a la posibilidad de una
segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia.
Sin
embargo, uno de los potenciales beneficiarios de la decisión de la Corte
Constitucional que ordenó se otorgue la doble
instancia al exministro Andrés Felipe Arias, no está
plenamente seguro de poder utilizar este garantía para la revisión de su
proceso que lo dejó condenado a prisión por nueve años.
Se
trata del abogado Hernando Deluque Freyle, quien fungió como gobernador entre
2.000 y 2.003, pero su condena se produjo en 2.016, cuando la sala penal de la Corte Suprema lo encontró
responsable de los delitos de celebración de contratos sin el lleno de
requisitos de ley y peculado.
La misma corte condenó a Alex Coronado Felizzola, secretario de
Deluque Freyle y quien estuvo encargado de la Gobernación. Coronado Felizzola,
fue condenado a siete años de prisión. Deluque recibió el beneficio de prisión
domiciliaria por problemas de salud y Alex, también se encuentra pagando la
condena en su residencia, tras haber cumplido las tres quintas partes de
los siete años en prisión.
Deluque Freyle sostiene que él espera un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, donde pidió nulidad de su
condenada y por ahora no está interesado en hacer uso de esa doble instancia. “No
conozco a fondo la decisión de la Constitucional y por ahora no me interesa”,
dijo el abogado riohachero de 65 años.
José Luis González Crespo, otro de los aforados condenados por la
Corte Suprema, no podrá beneficiarse del fallo que le dio
un segundo aire jurídico a Andrés Felique Arías, pues la Constitucional limitó
el término hasta 2.014 cuando se produjo el fallo que condenó al exministro.
José Luis González, quien fungió como gobernador entre 2.004 y 2.007, fue
condenado antes de la fecha exigida, es decir 2014 y por eso no está entre los
que podrían demandar por la doble instancia.
Otro gobernador
condenado es José María Ballesteros, preso por el convenio conocido como el
estudio del dengue, donde lo encontraron responsable de varios delitos y
fue condenado a 181 meses de prisión. Ballesteros Valdivieso también está
por fuera, pues en su sentencia condenatoria ya se aplicó la doble
instancia.
Tampoco podrá ser beneficiado el exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar,
quien terminó destituido por la Procuraduría y después condenado por la
justicia ordinaria por homicidio. Le aplicaron dos instancias y ahora espera el
resultado de una casación. Otro exgobernador condenado es Wilmer González
Brito, a quien condenaron en las dos instancias y en la actualidad se encuentra
en la clandestinidad. Se procesó surtió las dos instancias que tienen vigencia
en el país desde 2.018.
La exgobernadora Oneida Pinto
Pérez, destituida por la Procuraduría, es investigada por contratos suscritos
cuando fue alcaldesa de su municipio natal, Albania. Un contrato por más de
$18.000 millones con el hospital San Rafael de su jurisdicción para atacar el
hambre en su comunidad y otro contrato para instalar adoquines en las calles de
Albania, que empezó costando cerca de $6.000 millones y según la Fiscalía
terminó en un costo superior a los $10.000 millones con las adiciones. Seguramente habrá doble instancia, pues no están cerrados los
casos aún.
El último de
los exgobernadores de la Guajira con serios líos jurídicos es el ingeniero
Jorge Pérez Bernier, a quien favoreció un vencimiento de términos que le hizo
recobrar la libertad tras su detención en la cárcel picota por casi un año. A
él lo acusan de irregularidades en la contratación conocida en la región como
el caso de los Magacolegios, donde se investiga un probable peculado en el
contrato que supera los $140.000 millones, tiene garantía de doble instancia,
pues su proceso no está concluido.
Vía @elheraldoco
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