EL HERALDO conoció denuncias de la
UN, interventora del contrato por el que fue condenado el exgobernador
Ballesteros. Máquina serviría para la COVID-19.
La Universidad Nacional, interventora
del contrato del dengue por el que fue condenado en octubre pasado a 15 años de cárcel el ex gobernador de La
Guajira José María Ballesteros,
denuncia que el laboratorio público del departamento, que sirve para hacer 500 pruebas de coronavirus
diarias y que fue una de las compras que se
hizo en medio del cuestionado proceso, está
en manos de los contratistas de la empresa Olfis, en Bucaramanga, y no de la
península.
Lo más grave del caso es que el
departamento actualmente no tiene laboratorio para hacer pruebas del virus.
EL HERALDO conoció los documentos del
alma mater -designada en 2015 como interventora del contrato de 2014 por más de
$17 mil millones y que nunca se cumplió-, en los que advierte que entre los
aparatos del laboratorio se encuentra el equipo QPCR 7500 Fast Sistema Termociclador Tiempo Real
Applied Biosystems Thermo Fisher Scientific, comprado
por La Guajira en $223 millones, que ahora una de las máquinas más codiciadas en el
mundo para detectar la COVID-19.
“El
señor representante de la organización Olfis – Fredi Díaz Quijano-, en el informe vigésimo segundo, de abril de
2017, en la página 19, acta de ejecución No. 41, informó sobre el traslado de
la seroteca y la documentación financiera y técnica del proyecto a la ciudad de
Bucaramanga. Además, el gerente de la Olfis, informó sobre el traslado de todos los equipos del
proyecto para la ciudad de Bucaramanga. La
Interventoría informó de forma reiterada a la Gobernación de La Guajira sobre
la situación, en diferentes informes y los oficios INTGU – 001 – 2018, INTGU –
015 – 2018 e INTGU – 016 – 2018”, se lee en la denuncia. E insiste la
interventoría en que “nunca fueron devueltos los equipos al
Laboratorio de Salud Pública de La Guajira por parte de la organización Olfis, entre los
cuales se incluye un equipo de PCR en tiempo real, con un costo cercano a los
$300 millones y en el cual se podrían realizar hasta 500 diagnósticos diarios
de virus SARS – CoV-2 (COVID – 19)”.
En uno de los mensajes, fechado el 9
de abril y enviado a la Presidencia, el Ministerio de Salud, la Procuraduría,
la Contraloría, la Fiscalía y la Gobernación de La Guajira, se pone de presente
que en uno de los documentos del Convenio No. 019 de 2014, suscrito entre la
Gobernación de La Guajira y el contratista Olfis se describe: “El Laboratorio de Salud Pública de La Guajira se
fortalecerá con la adquisición de equipos para el procesamiento y
almacenamiento de muestras,
los cuales estarán bajo la administración de la Secretaría de Salud del
Departamento”.
Compra
de equipos
Agrega la denuncia que “aproximadamente $1.500 millones fueron utilizados
para la compra de equipos que
serían utilizados en el desarrollo del proyecto, los cuales debían ser
devueltos al Laboratorio de Salud Pública de la Guajira, como lo estipula la
cláusula 30 del Convenio No. 019 de 2014. Dichos equipos podrían ser utilizados
para el diagnóstico molecular del virus SARS – CoV-2 (COVID – 19)”.
En la aludida cláusula se lee: “Para
la ejecución del proyecto se adquirirá una serie de equipos que facilitarán el
desarrollo de las investigaciones no solo en lo relacionado con el dengue sino
con otros problemas de salud prevalente. En este sentido, el Laboratorio de
Salud pública de La Guajira, se fortalecerá con la adquisición de equipos para
el procesamiento y almacenamiento de muestras, las cuales estarán bajo la administración de la
Secretaría de salud del Departamento”.
Y en el parágrafo de reversión, la
contratación dispone: “Al finalizar el plazo de ejecución del convenio, la
propiedad de los equipos adquiridos y directamente afectados al cumplimiento de
su objetivo, se transferirá al Laboratorio de Salud Pública de la Guajira, sin que por ello deba efectuar compensación
alguna al cooperante (…)”.
De igual forma, en una consulta de
2018 de la Gobernación de La Guajira a la Universidad de Santander, Udes,
responsable del comité de ética del proyecto, en donde se le pregunta si conoce
la ubicación de los equipos en cuestión, responde que “fueron los investigadores del proyecto a quienes
les correspondió definir las medidas de custodia, manejo y procedimientos”
Finalmente, advierte la universidad,
“el señor representante legal de la organización Olfis, Fredi Díaz Quijano, se encuentra prófugo de la
justicia, pero residenciado en la ciudad de Sao Paulo, SP, Brasil”.
Fuentes de la Fiscalía le dijeron a
este diario que los equipos de laboratorio del departamento no hicieron parte
de la decisión judicial contra el exgobernador Ballesteros y que están
incluidos en las otras líneas investigativas que sigue la entidad contra los no
aforados del caso. Por ello, aseveran,
es a la Gobernación de La Guajira a la que le corresponde exigir la devolución. Sin embargo, agregan, el organismo de control penal
ha requerido al departamento para que se procure la reintegración de los
equipos y esta no ha sido posible.
Desde la Gobernación respondieron a
este medio que demandaron a la empresa Olfis por la
totalidad del incumplimiento de ese contrato,
y que los contratistas contrademandaron a la Gobernación “y, en su momento, se
llevaron las máquinas”.
Explican además que “actualmente hay un proceso en curso, por esta razón
jurídicamente las máquinas no las pueden entregar, hasta tanto no se emita el fallo de ese
proceso”.
Y concluyen que para la recuperación
del laboratorio público del departamento, que actualmente está desmantelado,
“tenemos un proyecto para su fortalecimiento científico que será socializado a
la opinión pública a finales de esta semana”.
Vía @elheraldoco
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