Tapia, quien permanece recluido en
una cárcel de Barranquilla y que busca quedar en casa por cárcel, controlaba
algunas de las empresas que sí fueron halladas responsables por $87.027
millones.
En un fallo de más de 800 páginas, la Contraloría General
de la República halló responsables fiscalmente a siete
empresas relacionadas con el escándalo de Centros Poblados, así como a
dos particulares. Uno de los puntos más controvertidos del fallo es que no
se imputa responsabilidad fiscal alguna al polémico contratista Emilio Tapia.
Según la determinación, que falló por valor de $87.027 millones
las irregularidades en la ejecución del contrato, se identificó una “gestión
fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna” durante la ejecución del
contrato, ideado para instalar 7.277 centros digitales del proyecto en
16 departamentos.
En el fallo se sanciona fiscalmente a cuatro contratistas de la
Unión Temporal Centros Poblados: la Fundación de Telecomunicaciones,
Ingeniería, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Intec de la Costa, y Omega
Building Constructora.
Además, a los interventores PMO Solycom, Eurocontrol y
Telemediciones. Finalmente, a Luis Fernando Duque, en
su calidad de representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados,
y Juan Carlos Cáceres.
En la determinación se advierte que Emilio Tapia, a través de
terceros, manejaba las empresas Omega Building e Intec de la Costa
Ingenieros, a través de las cuales se apropió de $5.063
millones en favor propio y $1.118 millones en favor de terceros como
parte del anticipo del contrato.
Además, que Luis Fernando Duque autorizó el desembolso de $70.243
millones a las empresas Security LLC e Inselsa SAS, “permitiendo
que Emilio José Tapia Aldana se apropiara de $6.182.651.043, y Juan
Carlos Ángel Cáceres Bayona de $9,062.301,903, dinero que claramente no fue
invertido en el objeto del anticipo como se había pactado”.
Pese a esos hallazgos, llamó la atención que la Contraloría no
halló responsable fiscalmente al controvertido contratista. En su
lugar, se destaca que, con base en información de la Fiscalía General de la
Nación, Tapia reintegró recursos por el orden de $1.450 millones a
través de tres pagos.
En paralelo, esta semana se conoció que será
un juez de Bogotá el encargado de definir si Tapia gozará del beneficio de
detención domiciliaria. Lo anterior, por orden de la Corte Suprema de
Justicia.
El contratista, que es investigado por los delitos de peculado
por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, se encuentra recluido en la cárcel El
Bosque de Barranquilla. Frente a su solicitud, la magistrada Myriam Ávila
Roldán de la Corte Suprema determinó que los juzgados de la capital son
los competentes para definir si gozará o no del beneficio de detención
domiciliaria.
“La competencia para conocer la
solicitud de sustitución de medida de aseguramiento y/o revocatoria de la
medida intramural, formulada por Emilio José Tapia Aldana corresponde a
los Juzgados Penales Municipales con funciones de control de garantías de
Bogotá -reparto-, a donde será remitida la actuación”, señala la
determinación.
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