Edificios en el norte de Bogotá, una finca que supera los 150.000 millones de pesos y otros inmuebles están entre los exigidos por personas que los adquirieron legalmente
La Sociedad de Activos Especiales (SAE)
estaría ad portas de recibir un fuerte golpe financiero que se
acerca a los dos billones de pesos, debido a una serie de recursos legales que
piden la devolución de lujosos bienes que suman más de 303 entre Bogotá,
Medellín, Cali, Cartagena y otras ciudades intermedias. La razón, tiene que ver
con la reclamación de 46 personas que afirmaron haber adquirido de manera legal
estas propiedades.
De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, esto también provocó que se llevara a cabo una
serie de reuniones en los altos mandos de la Dirección de Extinción de Dominio
de la Fiscalía, ya que los demandantes tendrían cómo comprobar de compraron
lícitamente los bienes. Destacan entre los predios un edifico, un hotel y un apartamento en exclusivos puntos del norte de la
capital, así como una oficina en Torre Central, sobre la avenida El
Dorado.
De acuerdo con el portal informativo antes
citado, cuando el proceso de extinción de dominio arrancó en 2013, el avalúo de estos bienes ascendía a los 2 billones de pesos; sin embargo, destacan que a pesar de que no existe un fallo
que ordene la figura de extinción de dominio a favor del Estado, algunos de los
lujosos bienes ya están en proceso de venta como lo permite la ley.
Según se conoció, a pesar de que los dueños
han demostrado la adquisición de estos bienes de manera legal, para la Fiscalía
12 especializada tienen algo que los une con la figura del narcotraficante
capturado en 2022 en Argentina, Ignacio Álvarez Meyendorff. De acuerdo con el informe de El Tiempo, después de pagar condena en Estados Unidos en 2017 regresó a
Colombia preguntando por el expediente que tenía abierto en extinción de dominio.
Álvarez Meyendorff interpuso varios recursos legales en los que
pide que los bienes sean devueltos, ya que cuando los adquirió argumentó que no
estaba vinculado al narcotráfico ni investigado por la conducta delictiva de la
que lo señalan. Además, aseguró que los
transfirió a otras personas de manera legal, por lo que comenzó el proceso
legal.
Sin embargo, aunque las
personas apoderadas de los bienes en su momento adjuntaron pruebas de la
legalidad de los dineros con los que los adquirieron, la defensa del capo
insistió que en el proceso de extinción de dominio se cometieron
irregularidades. Algunas de esas fueron la
falta de comunicación a los implicados para ejercer su derecho a la legítima
defensa, hecho que habría sido admitido por uno de los fiscales del caso
argumentando que se trató de un “error”.
De acuerdo con la
defensa de Álvarez Meyendorff, se han ampliado los plazos de manera
inexplicable, denunciando además que se ha mantenido vivo el proceso
“reviviendo otro de supuesto lavado de activos que, según la base de
datos de la Fiscalía, ya estaba archivado por inexistencia del hecho”. Por
otro lado, la Fiscalía aseguró al medio citado anteriormente que los bienes se
encuentran bajo esta figura porque “fueron producto directo o indirecto
de actividades ilícitas”.
Asimismo, el ente
acusador aseguró que no hay garantía de que los bienes serán devueltos porque
el proceso no ha culminado, en razón a que se deben agotar todas las etapas
pertinentes en el caso.
“Todo obedece al
trámite procesal que debe agotarse. Se trata de un buen número de bienes que
estaban en cabeza de diferentes propietarios. Lo que se ha
encontrado es que se trasladaban los bienes a través de acciones civiles como
hipotecas y fiducias para tratar de ocultar ese patrimonio de la persecución
estatal”, concluyó la defensa de Meyendorff a El Tiempo.
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