El
dirigente guajiro Luis Alonso Colmenares puso la lupa al decreto 100 del 14 de
abril de 2021, por medio del cual se declaró la urgencia manifiesta en La
Guajira y señaló que aunque la medida es necesaria, nuevamente la Gobernación
incurrió en algunos errores.
“Me
surge una preocupación a raíz de la expedición del decreto mediante el cual se
decreta la urgencia manifiesta. Lo primero que hay que decir que esto es
necesario en las actuales circunstancias, en razón a la eficiencia que la misma
figura de la urgencia manifiesta le daría al gobierno para tratar de conjurar
un poco la crisis en la que estamos”, dijo en el noticiero Cardenal de La
Guajira.
Precisó
que la urgencia manifiesta tiene una particularidad y es que elimina todos los
procesos que se tienen en cuenta en la contratación regular, porque se puede
acudir a la contratación directa para efectos de proveerse de los bienes y
servicios que se han necesarios para conjurar la calamidad en la que se
encuentra el Departamento por la pandemia del Covid-19.
“Ahora,
cuál es el temor, que esa contratación vaya a terminar convirtiéndose en una
contratación a dedo y sobre todo en el contexto en el que estamos de unas
próximas elecciones que ya prácticamente
es esto una campaña electoral”, afirmó.
Sin
embargo, manifestó Colmenares que no solo le preocupa ese tema, sino algunas
inconsistencias en la expedición del decreto.
“Se
nota que no hay suficiente atención y concentración en el desarrollo del proceso
por la expedición del mismo decreto, porque para mí resulta imperdonable que
personas conocedoras, con suficiente preparación en la Gobernación y que son asesores del
gobernador, cometan errores tan infantiles como el hecho de incluir una fecha
del 2020. Yo vuelvo y digo, van a seguir insistiendo en seleccionar, copiar y
pegar”, señaló.
Además,
el exsubcontador general de la Nación indicó que dicho decreto, también
desconoció la autoridad de la Contraloría departamental.
“El
contralor departamental no está ni pintado, lo desconocieron totalmente, porque
el artículo segundo dice que todo el expediente que se llegue a armar con cada
contratación que lleven a cabo, le será remitido a la Contraloría General de la
República, eso no es así, porque el artículo 43 de la ley 80 lo dice de una
manera muy precisa, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control
fiscal en la respectiva entidad, en este caso claramente es la Contraloría
departamental”, finalizó.
Vía
Diario Del Norte
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