A la Fiscalía General llegó una comunicación en la
que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder
Pinilla, solicitó acogerse a un principio de oportunidad. Pide “establecer
canales de comunicación para contarle al país, a la justicia y en especial al
departamento de La Guajira, lo que realmente sucedió y quiénes
participaron”.
Se trata del
primer exfuncionario, implicado en el escándalo, que aportará información
nueva y relevante para llegar al fondo de uno de los mayores hechos de
corrupción en el actual gobierno.
Este acercamiento con la justicia fue tramitado por
medio de su abogado, Luis Gustavo Moreno, un jurista muy recordado
por haber sido condenado por hechos de corrupción cuando paradójicamente se
desempeñaba como fiscal anticorrupción. Moreno fue extraditado
a Estados Unidos donde pagó su condena. Al regresar al país y con sus deudas
con la justicia saldadas, retomó su ejercicio profesional, ahora liderando
la defensa de Pinilla.
En el documento, Moreno solicita que a
su cliente se le garantice la seguridad e integridad física, al igual que a
toda su familia.
El principio de oportunidad surte cuando el
implicado colabora con la justicia con el suministro de información, sirviendo
como testigo en contra de otros implicados, a cambio de beneficios jurídicos
como reducción en la pena y otros.
Finalmente, solicita el abogado una reunión urgente
con la fiscal 79 especializadas para concretar el acogimiento.
El pasado 6 de marzo, Sneyder Augusto Pinilla, presentó la renuncia a su
cargo, en medio de graves cuestionamientos por presuntas
irregularidades con la adquisición de carrotanques para el
abastecimiento de agua potable en La Guajira y otros territorios afectados por
la falta del insumo vital.
El ingeniero civil Pinilla, quien en el pasado fue alcalde de Sabana de Torres
(Santander), estuvo en el cargo desde junio del año pasado.
Pinilla y otras seis personas, entre las cuales se
encuentra el exdirector Olmedo López Martínez, fueron denunciados ante la
Fiscalía por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga,
por presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques.
Se espera que, una vez como testigo de la Fiscalía, revele
qué otros funcionarios estarían involucrados en el desfalco con la compra de
los vehículos que a la fecha no han sido usados y, en cambio, permanecen
parqueados en La Guajira.
En los corrillos políticos ya se barajan los nombres de
los posibles implicados, entre ellos funcionarios del gobierno, senadores, en
ese entonces candidatos a gobernación, alcaldías, asamblea y líderes, muchos de
ellos con credencial, y que habrían realizado proselitismo político con esos recursos
y contratación de carrotanques y construcción de jagüey.
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