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En el marco del proceso por presuntas irregularidades en la firma de dos contratos por $12.590 millones.
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El juzgado Quinto Penal Municipal con
función de control de garantías de Riohacha acogió la solicitud de la Fiscalía
General de la Nación y prorrogó la orden de captura, por el término de un año,
en contra de la exgobernadora de La Guajira Oneida Reyeth Pinto Pérez, con la
finalidad de dar cumplimiento a la medida de aseguramiento privativa de la
libertad en establecimiento carcelario impuesta el 5 de julio del año 2019.
La medida se impuso por las presuntas
irregularidades en obras civiles de adoquines a desarrollar en el municipio de
Albania, para los años 2010-2011, en los que se evidenció una posiblemente
pérdida de recursos públicos por el orden de los $ 12.590 millones.
Los delitos por los cuales fue
imputada en el año 2019 son concierto para delinquir, peculado por apropiación,
contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento
público.
La medida de aseguramiento intramural
y la orden de captura contra la exmandataria la dictó el Juzgado 45 de Control
de Garantías de Bogotá, en medio del proceso que se le sigue por presunta
corrupción en la firma de dos contratos.
A Pinto se le vio por última vez en
el Complejo Judicial de Paloquemao el pasado 18 de junio del año pasado y desde
entonces se encuentra prófuga de la justicia.
En agosto del año pasado el CTI de la
Fiscalía capturó en La Guajira y Bogotá a tres exfuncionarios y un contratista
de la Alcaldía de Albania por las presuntas irregularidades presentadas en esta
contratación de adoquines.
"Los cuatro detenidos, al
parecer, se habrían aliado con la exgobernadora Pinto Pérez para,
presuntamente, cometer actos irregulares en la celebración de un convenio que
tenía como objeto realizar adecuaciones a vías del municipio de Albania y
programas de adoquines, durante 2010 y 2011, y que habrían generado una pérdida
de recursos avaluada en $5.900 millones", indicó el ente acusador en un
comunicado.
La primera condena de este caso se
produjo en octubre de 2019 cuando el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de
Maicao condenó a cinco años y tres meses de prisión a Liliana Rocío Lambiase,
quien era la representante legal de la fundación Princesa Negra, encargada de
realizar la interventoría al contrato de adoquines en el municipio de Albania,
caso en el que también está involucrada la exgobernadora.
El otro proceso que hay contra la
exgobernadora tiene que ver con presuntos actos de corrupción asociados a la
defraudación de recursos del Programa Contra la Mortalidad Infantil en La
Guajira, puntualmente en la firma de convenios interadministrativos con la ESE
Hospital San Rafael de Albania por $18.600 millones.
La acusación por parte del fiscal 4
delegado ante la Corte Suprema fue por los delitos de peculado por apropiación,
interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de
los requisitos legales, falsedad en documento público, y falsedad en documento
privado.
Vía @eheraldoco
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