Reuters. La guerrilla izquierdista, las disidencias de las
Farc y las bandas criminales han cometido asesinatos, amenazas y ataques contra
civiles en medio de toques de queda y cuarentenas impuestas en Colombia para
supuestamente contener la pandemia del coronavirus, denunció el miércoles Human
Rights Watch.
El país con un conflicto armado interno de más de medio
siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados, reporta
alrededor de 160.000 personas contagiadas y 5.625 muertas por COVID-19.
Aunque el Gobierno del presidente Iván Duque declaró una
cuarentena nacional que comenzó el 25 de marzo, los grupos armados ilegales
impusieron medidas más fuertes en al menos 11 de los 32 departamentos, una
tercera parte del país, aprovechando la baja presencia del Estado, sometiendo
por completo a la población civil y controlando la movilidad terrestre y
fluvial, según el informe.
“Estos grupos imponen reglas draconianas para controlar el
COVID, aterrorizan a la población civil con amenazas, ataques o ejecutan a
sangre fría a las personas que no las cumplen”, dijo en una videoconferencia de
prensa José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco reveló que grupos armados ilegales como el Ejército
de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc) que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 y
bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares como el Clan del Golfo
buscan con sus medidas someter a la población civil y mantener el control para
sus actividades de narcotráfico y minería ilegal.
De acuerdo con la investigación, hasta el momento nueve
personas han sido asesinadas por los grupos armados ilegales que comunican a
través de panfletos y mensajes de Whatsapp sus reglas que incluyen toques de
queda, cuarentenas, restricciones a la circulación de personas, automóviles y
embarcaciones en regiones apartadas como los departamentos de Córdoba, Cauca,
Guaviare, Nariño y Putumayo.
“Los castigos brutales y draconianos que imponen los grupos
armados para impedir la propagación del COVID-19 exponen a individuos en
comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados,
si salen de sus casas”, explicó Vivanco.
“El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a
estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua,
así como para proteger su salud de los efectos del COVID-19, concluyó.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario