La sala especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la
Corte Suprema de Justicia dio a conocer hoy el fallo condenatorio contra el
gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, investigado por presunta
corrupción al elector. La condena es de 5 años y 20 días de prisión. La
Fiscalía había pedido al menos 75 meses de cárcel para el gobernador Monsalvo.
La defensa de Monsalvo apelaría la decisión. El mandatario
goza del beneficio de prisión domiciliaria.
Según la justicia, el entonces candidato se comprometió por
escrito con los representantes de unas 800 familias desplazadas por el
conflicto armado que vivían en “Tierra Prometida”, un sitio de invasión en la
ciudad de Valledupar, a evitar el desalojo del predio a cambio de votos que
respaldaran su aspiración.
Monsalvo Gnecco prometió el 16 de octubre de 2011
“mantenerlos quieta y pasivamente en el inmueble”, amparar “los derechos
fundamentales a la vivienda digna” e “incluir a los invasores en los proyectos
de construcción de viviendas dignas requeridas para el sector”.
“Luis Alberto Monsalvo Gnecco conocía que estaba prometiendo
dádiva consistente en mantener la situación de invasión de quienes se
encontraban en Tierra Prometida, a cambio de que estos ciudadanos habilitados
para sufragar votaran por él”, detalló la Sala de Primera Instancia de la Corte
en su fallo.
De acuerdo con el alto tribunal, Monsalvo “estaba en
capacidad de comprender que como candidato no podía prometer dádivas a cambio de
votos que lo favorecieran en la elección de gobernador”, pues “no era la
primera vez que se postulaba para cargos de elección popular”.
Por su parte, la Fiscalía General detalló en un comunicado
que “demostró que Monsalvo Gnnecco se aprovechó de la necesidad de las
comunidades vulnerables y pactó permitir que una condición contraria a la ley
se prolongara para asegurar votos”.
FALSAS PROMESAS
Según la Corte, el gobernador no solo “formuló ofertas de solución de viviendas
de aquellas que no se iban a cumplir”, sino que algunas “las ofreció bajo el
supuesto de mantener las invasiones de esos predios ajenos”.
“Los líderes firmantes del documento, ocupantes o invasores,
eran hábiles para votar y, además de sus propios votos, comprometieron los de
su comunidad”, explicó el tribunal.
La Corte conoció que ante el inminente desalojo de los
ocupantes del predio, ordenado por las autoridades municipales en el
asentamiento, estos hicieron una protesta en la que exigían, al ya gobernador
Monsalvo, el cumplimiento las promesas que hizo a cambio de sus votos.
Como respuesta a estas peticiones, el gobernador envió en
junio de 2012 una carta al Ministro de Vivienda en la que solicitó apoyo
nacional a un aparente proyecto de vivienda que se desarrollaría en el predio
invadido y ofreció como financiación que la gobernación aportaría 5.000
millones de pesos (un poco más de 1,37 millones de dólares).
La justicia detalló que para el 16 de octubre de 2011,
estaban en curso acciones legales ante las autoridades locales, ejercidas oportunamente
por el dueño del inmueble en contra de los invasores, por lo cual consideró que
“era imposible para el acusado comprometerse con la comunidad” a mantenerlos en
los terrenos invadidos.
Vía EFE
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