El ente pidió a la Superservicios y a las empresas que revisen
los reclamos que han presentado los usuarios en diferentes regiones.
Como respuesta al gran número de reclamos que se han presentado
no solo en la Costa Caribe, sino en el resto del país sobre lo que los usuarios
consideran como “aumentos injustificados” en la
facturación del servicio de energía, la Procuraduría General de la
Nación hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios
Públicos para que aclare esta situación.
Para el ente, es necesario aclarar esta “acción irregular, presentada a pesar de la congelación de tarifas decretada
este último mes por el Gobierno nacional”. De acuerdo con la Procuraduría, el Atlántico es uno de los departamentos afectados por el presunto
incremento en la facturación de servicios en febrero y marzo de 2020. Córdoba y Cesar también están entre los que tienen mayor número de
quejas.
La Procuraduría solicitó a la superservicios, Natasha Avendaño,
ejercer inspección y vigilancia al cumplimiento de la congelación de las tarifas de este servicio público esencial. Así
mismo, le pido que se establezca si las mediciones de la energía se hicieron
conforme a lo que determina la ley.
La Procuraduría reiteró a los servidores públicos y ordenadores
del gasto de las entidades del orden nacional, departamental y municipal la
obligación de cancelar los servicios públicos. “Su incumplimiento podría generar acciones de orden disciplinario”, indicó.
Hay que revisar
El presidente de la Asociación de Empresas de
Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, dijo que
si bien las quejas de los usuarios corresponden a un porcentaje muy bajo de la
totalidad de la facturación del país es indispensable hacer la revisión de las
mismas para encontrar las causas que han motivado esta situación.
Recordó que las empresas han
habilitado sus canales para atender estas inquietudes y que los usuarios deben
recurrir a ellos.
Estas facturas corresponden parcialmente a periodos anteriores a
la cuarentena. “Ha habido cambios importantes en las normativas expedidas por
las autoridades en los últimos días y esto ha motivado unos ajustes en los
sistemas de facturación correspondientes. Además, con el aislamiento preventivo
obligatorio ha habido un inevitable incremento del consumo residencial en los
distintos servicios, con valores que pueden estar entre un 20 a 30% dependiendo del servicio y de la región, lo cual
implica necesariamente un mayor valor a pagar”, dijo Sánchez.
El gremio afirma que las empresas
prestadoras ya han reformulado todos sus procedimientos en el marco de la
emergencia, para proteger a su personal y responder a la alta demanda
presentada.
No subir tarifas
Por su parte el director de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (Creg), Jorge Alberto Valencia Marín, recordó que por los
próximos dos meses, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica
no podrán realizar incrementos del valor del costo unitario, es decir, el valor
del costo por kilovatio hora.
“Además, estamos diciéndoles que en el caso de los estratos 3 y 4 financien el consumo de la energía para que
permita aliviar de alguna manera la situación que se está presentando con la
disminución de los ingresos de los hogares”, dijo el funcionario.
Recordó que las nuevas medidas permiten a los usuarios diferir el pago de las facturas de abril y mayo hasta en
36 meses para los estratos 1 y 2, y hasta en 24 meses para los estratos 3 y 4,
con la opción de un periodo de gracia que les permitirá iniciar el pago de las
cuotas a partir de agosto. Para los demás usuarios, el plazo puede ser acordado
con la respectiva empresa.
Vía @ElHeraldo
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