También están
Tolima, Vichada y San Andrés. Hay anomalías por $ 135 mil millones en 53
contratos.
A
pesar de las explicaciones que entregó, el gobernador de Arauca, Facundo
Castillo Cisneros, acaba de ser notificado de la investigación y medida
cautelar que le impusieron la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía
por irregularidades en la firma contratos
para adquirir mercados y otras ayudas para la población más vulnerable de su
departamento, que lo eligió con 46.509 votos.
Junto a él ya están siendo oficialmente indagados el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve (avalado por una coalición de 'la U', Cambio
Radical, Liberales y ASI); su colega del Tolima,
Ricardo Orozco (avalado por los conservadores,
la ASI y el MIRA) y los de San
Andrés, Everth Hawkins; Magdalena, Carlos Caicedo; Vichada, Álvaro León; y de
Chocó, Ariel Palacio.
Así lo acaban de anunciar en una rueda de prensa el contralor
Felipe Córdoba, el fiscal Francisco Barbosa y el procurador Fernando Carrillo.
Los funcionarios advirtieron que ya han encontrado irregularidades en 53 procesos contractuales por más de 135 mil millones de pesos.
El caso más adelantado es el de Arauca, al que la Contraloría
ya le inició un juicio fiscal por 1.050 millones de pesos. El funcionario también está en la lista del fiscal Barbosa
que le pidió a sus delegados ante la Corte Suprema que indaguen a los de San
Andrés, Vichada y Magdalena.
La investigación en torno a la contratación en Cesar y Tolima
corren por cuenta de la Procuraduría General, que también ya le abrió juicio disciplinario al de Arauca.
El corte de cuentas
Otra
indagación que llama la atención es la de presuntos sobrecostos en los mercados
que está distribuyendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGED), en cabeza de Eduardo José González.
En la ruda de prensa, el contralor Córdoba también dijo que ya han hecho 16 mesas técnicas entre los grupos
élite creados para revisar los contratos realizados durante la emergencia
sanitaria, que en la mayoría de los casos se
hace a la sombra de la figura de urgencia manifiesta.
En este sentido, la Contraloría adelanta 21 actuaciones especiales, ha revisado
17.486 contratos y hay 53 procesos en firme.
En el caso del Gobernador del Tolima, lo enredó
el contrato por 1.020 millones de pesos que
EL TIEMPO había denunciado y que se destinó para un plan de comunicación.
Su colega de Casanare, Salomón Sanabria, deberá
responder por un contrato de 8.181 millones de pesos para raciones.
En cuanto a los municipios aparecen entre los indagados Malambo, Soledad,
Tocancipá, Girón, Barrancabermeja, Puerto Gaitán, Coveñas, Soacha, Cota, Puerto
Escondido y Mapiripán.
Una localidad de Bogotá está en
la mira
En el listado llama la atención la indagación a la localidad de
Santa Fe, en Bogotá, que concentra población vulnerable cómo trabajadores
sexuales, recicladores y migrantes venezolanos.
Por su parte, la Procuraduría ha revisado
5.586 contratos por 1,4 billones de pesos y ha ejecutado 990 acciones
preventivas.
En cuanto a la Fiscalía, esta tiene 990 contratos bajo la
lupa, 38 procesos en indagación preliminar y 63 en verificación previa.
Vía @eltiempo.com
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